Qué es un
sistema de etiquetado social
También conocido como: etiqueta social, sello ético
Un sistema de etiquetado social es un mecanismo de certificación de terceros que verifica que los bienes se han producido en condiciones de trabajo dignas y conforme a los estándares laborales fundamentales. Estos sistemas se anclan típicamente en los convenios fundamentales de la OIT y son auditados por organismos de certificación independientes. Ejemplos conocidos incluyen Fairtrade y Rainforest Alliance (de la que UTZ forma parte ahora).
¿Cómo funciona un sistema de etiquetado social?
El Artículo 43 de la Directiva 2014/24/UE permite a los poderes adjudicadores exigir una etiqueta específica como prueba de que las obras, suministros o servicios cumplen determinadas características sociales, medioambientales u otras. Esto significa que los compradores públicos pueden utilizar etiquetas sociales como herramienta de documentación al establecer requisitos para la contratación pública social.
Por ejemplo, un poder adjudicador que adquiera café o textiles puede exigir productos con certificación Fairtrade o un sello social equivalente. El requisito puede incluirse en el pliego de prescripciones técnicas, utilizarse como criterio de adjudicación o establecerse como condición de ejecución del contrato.
Para que un requisito de etiquetado sea legal, el sistema debe cumplir las condiciones del Artículo 43:
- Los requisitos del sello deben estar vinculados al objeto del contrato
- Los criterios deben ser verificables y no discriminatorios
- El sello debe establecerse mediante un procedimiento abierto y transparente
- Los requisitos del sello deben ser fijados por un tercero independiente, y el sello debe ser accesible a todas las partes interesadas
Aceptación de sellos equivalentes
Los poderes adjudicadores deben aceptar otros sistemas de etiquetado que confirmen el cumplimiento de requisitos equivalentes. Los licitadores que, sin culpa propia, no hayan podido obtener el sello especificado en el plazo pueden aportar pruebas alternativas, como un expediente técnico del fabricante que demuestre el cumplimiento. Esto garantiza la igualdad de trato e impide que un único sistema de certificación se convierta en barrera de acceso a los contratos públicos.
Herramientas como Cobrief ayudan a los proveedores a identificar licitaciones donde se exigen o valoran etiquetas sociales, para preparar su documentación con antelación.
Los sistemas de etiquetado social ofrecen a los compradores públicos una forma eficiente de verificar requisitos sociales sin construir mecanismos de auditoría propios. La sentencia Max Havelaar del TJUE (C-368/10) y el Artículo 43 de la Directiva 2014/24/UE establecen una base jurídica clara para su uso en la contratación pública, siempre que se cumplan las condiciones de transparencia y no discriminación.