Qué es la
contratación pública social
También conocido como: contratación pública socialmente responsable, CPSR
La contratación pública social se produce cuando los compradores públicos utilizan su poder de compra para lograr resultados sociales positivos más alla de los bienes o servicios que se adquieren. Esto incluye promover condiciones laborales dignas, apoyar la inclusión de colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo, proteger los derechos humanos en las cadenas de suministro y combatir la explotación laboral.
¿Cómo funciona la contratación pública social?
La Directiva 2014/24/UE proporciona el marco jurídico para integrar consideraciones sociales en la contratación pública. El Artículo 18(2), la "cláusula social horizontal", exige que los operadores economicos cumplan las obligaciones aplicables en materia social y laboral al ejecutar contratos públicos. Los criterios sociales pueden aplicarse en cada etapa del proceso de contratación, desde el pliego de prescripciones técnicas hasta los criterios de adjudicación y las condiciones de ejecución.
Por ejemplo, un poder adjudicador que contrate servicios de limpieza puede exigir que el proveedor garantice salarios dignos, limite el número de niveles de subcontratistas y ofrezca oportunidades de formación a los trabajadores. Estos requisitos deben estar vinculados al objeto del contrato.
Elementos clave de la contratación pública social
La guía "Adquirir productos y servicios sociales" de la Comisión Europea describe varias formas en que los compradores públicos pueden incorporar objetivos sociales:
- Oportunidades de empleo para personas alejadas del mercado laboral
- Salarios justos y condiciones laborales dignas conforme a los convenios colectivos aplicables
- Diligencia debida en derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro
- Contratos reservados para empresas sociales u organizaciones que emplean a personas con discapacidad (Articulos 20 y 77)
Herramientas como Cobrief ayudan a los proveedores a identificar licitaciones con requisitos sociales y preparar ofertas competitivas que cumplan estos criterios.
La contratación pública social es un instrumento estrategico que permite a los compradores públicos promover la sostenibilidad social a través de sus decisiones de compra. Con una sólida base jurídica en las directivas europeas de contratación y un enfasis creciente en el cumplimiento y el seguimiento contractual, las consideraciones sociales son una parte cada vez más importante de la contratación pública en todo el EEE.