ESG

ESG son las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, es decir, medio ambiente, aspectos sociales y gobernanza (en español también se habla de criterios ASG). Es el término que usan el mercado y el sector financiero para describir cómo una empresa gestiona la sostenibilidad. La normativa de contratación casi no lo usa: la LCSP habla de criterios sociales y medioambientales y de contratación estratégica, y en Noruega se llaman consideraciones estratégicas. Para un proveedor, ESG significa en la práctica tres cosas: requisitos en las licitaciones, obligaciones de diligencia debida como las de la ley de transparencia noruega y, para las empresas más grandes, información sobre sostenibilidad.

¿Cómo funciona ESG en la contratación pública?

La base es la Directiva 2014/24/UE. Su artículo 18.2 exige que los contratistas cumplan las obligaciones medioambientales, sociales y laborales aplicables. El artículo 67 permite criterios de adjudicación medioambientales y sociales vinculados al objeto del contrato, y el artículo 70 admite condiciones especiales de ejecución sobre medio ambiente y aspectos sociales. En España, la LCSP obliga a incorporar criterios sociales y medioambientales de forma transversal (artículo 1.3), los admite como criterios de adjudicación (artículo 145) y exige al menos una condición especial de ejecución de tipo social, medioambiental o de innovación (artículo 202). Cada vez más poderes adjudicadores piden una evaluación de diligencia debida documentada de la cadena de suministro.

Noruega ha ido más lejos y ha hecho obligatorio buena parte de esto. Desde el 1 de julio de 2026 rigen los §§ 5a–5p de la ley noruega de contratación pública:

• Medio ambiente (E): el clima y el medio ambiente deben ponderarse al menos un 30 % cuando se ponderan los criterios de adjudicación, o figurar entre los tres prioritarios (§ 5b).
• Social (S): condiciones salariales y laborales, aprendices y límite de niveles de subcontratación (§§ 5e–5k), conocidos como el Modelo noruego, además de derechos humanos (§ 5m).
• Gobernanza (G): certificado tributario (§ 5l) y otros requisitos de integridad laboral. El contrato debe prever sanciones adecuadas por incumplir las condiciones de los §§ 5b a 5m (§ 5p).

La agencia noruega de contratación DFØ publica una lista de alto riesgo con productos en los que el riesgo de vulneración de derechos humanos es elevado.

Fuera de la licitación se aplica el derecho de sociedades. La directiva CSRD exige informar conforme a las normas europeas ESRS, de forma escalonada desde el ejercicio 2024 para las empresas más grandes. En España, la Ley 11/2018 de información no financiera ya obligaba a muchas empresas a informar. El paquete de simplificación Ómnibus I, aprobado en 2026, limita la CSRD a empresas con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros de volumen de negocio. La directiva de diligencia debida (CSDDD) solo abarca ya a empresas con más de 5.000 empleados y más de 1.500 millones de euros de volumen de negocio, a partir de julio de 2029. En Noruega, la ley de transparencia ya obliga a las empresas grandes a realizar evaluaciones de diligencia debida y publicar un informe antes del 30 de junio de cada año.

Un ejemplo: un proveedor textil presenta una oferta para suministrar ropa de trabajo a un hospital noruego. Los textiles figuran en la lista de alto riesgo, así que debe documentar la diligencia debida de sus fábricas. El contrato incluye cláusulas de comercio ético con derecho de auditoría y sanciones por incumplimiento. Además, las consideraciones climáticas y medioambientales son un criterio de adjudicación ponderado al 30 %.

¿Por qué es importante ESG para los proveedores?

Aunque su empresa sea demasiado pequeña para la CSRD o la CSDDD, ESG le llega a través de sus clientes. Las grandes empresas y los poderes adjudicadores deben revisar sus cadenas de suministro, y las preguntas acaban en su mesa. Si tiene preparados los datos ambientales, las condiciones salariales y la diligencia debida, puede reutilizar el mismo material en muchas ofertas. Si no, se arriesga a obtener menos puntos en la valoración o a sanciones una vez firmado el contrato. Herramientas como Cobrief le ayudan a ver qué requisitos sociales y medioambientales plantea una licitación antes de dedicar tiempo a la oferta.

Preguntas frecuentes

¿Puede el poder adjudicador exigir un informe ESG como requisito de solvencia?

Los requisitos de solvencia deben estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionados. Un informe ESG o una calificación ESG general de toda la empresa es difícil de justificar. Otra cosa es pedir pruebas concretas, como un sistema de gestión ambiental o una diligencia debida relevante para el contrato.

¿Se aplican las leyes de diligencia debida a las pymes?

No directamente. La CSDDD y la ley de transparencia noruega se dirigen a empresas grandes. Pero sus clientes deben evaluar a sus proveedores, así que verá a menudo las mismas preguntas en contratos y declaraciones responsables.

¿Es ESG lo mismo que la contratación pública estratégica?

Casi. ESG es el término del mercado y abarca toda la empresa. La contratación estratégica, en Noruega las consideraciones estratégicas, trata de lo que el poder adjudicador puede y debe exigir en cada contrato.

En resumen: ESG es la sostenibilidad en el lenguaje financiero, mientras que la normativa de contratación habla de criterios sociales y medioambientales. En una licitación pública encontrará ESG como requisitos y condiciones de ejecución concretos, y en Noruega como los §§ 5a–5p de la ley de contratación pública.