interés contractual negativo

El interés contractual negativo es un concepto indemnizatorio del Derecho de la contratación pública que busca situar al licitador perjudicado en la posición en que se habría encontrado si el procedimiento de licitación nunca hubiera tenido lugar. En la práctica, esto significa que el licitador puede recuperar los costes de preparación y presentación de una oferta, como gastos de consultores, planificación del proyecto y administración.

¿Cómo funciona el interés contractual negativo?

Conforme a las Directivas de recursos de la UE (89/665/CEE y 92/13/CEE), los Estados miembros deben proporcionar recursos efectivos, incluida la indemnización por daños, a los licitadores perjudicados por infracciones de las normas de contratación. Una reclamación por interés contractual negativo requiere típicamente tres condiciones:

• Responsabilidad: El poder adjudicador debe haber cometido una infracción suficientemente grave de las normas de contratación. El umbral exacto varía entre Estados miembros, pero debe cumplir los principios de equivalencia y efectividad de la UE.
• Causalidad: El licitador debe demostrar que no habría presentado su oferta de haber conocido el error en los pliegos de contratación.
• Perjuicio cuantificable: Los costes reales de participación en el procedimiento deben estar documentados.

¿En qué se diferencia del interés contractual positivo?

Mientras que el interés contractual negativo cubre los costes de preparación de la oferta, el interés contractual positivo (daños por expectativa) cubre el lucro cesante, es decir, el beneficio que el licitador habría obtenido si el contrato se hubiera adjudicado correctamente. El interés positivo exige demostrar que el licitador habría ganado la competición de no haberse producido la infracción. Herramientas como Cobrief ayudan a los proveedores a identificar licitaciones públicas relevantes de forma temprana, para invertir recursos en competiciones con posibilidades reales de éxito.

¿Quién decide las reclamaciones de daños?

Solo los tribunales nacionales pueden conceder indemnizaciones por interés contractual negativo. Si bien los órganos de recurso en algunos países pueden evaluar si concurren las condiciones de responsabilidad, no pueden ordenar compensaciones. La sentencia del TJUE de 2024 en el caso Ingsteel (C-547/22) desarrolló el marco indemnizatorio de la UE al reconocer la pérdida de oportunidad como una categoría indemnizable diferenciada.

El interés contractual negativo constituye una salvaguarda importante en la contratación pública, asegurando que los licitadores no asuman íntegramente el coste de participar en un procedimiento defectuoso.