adjudicación directa ilegal

Una adjudicación directa ilegal se produce cuando un poder adjudicador celebra un contrato sin publicar el anuncio de licitación exigido. Tanto en el derecho de la UE como en la normativa del EEE, esta se considera la infracción más grave de las normas de contratación pública, con sanciones significativas. Se diferencia de una adjudicación directa lícita, que está permitida para compras por debajo del umbral de contratación.

¿Cómo se produce una adjudicación directa ilegal?

Existen varios escenarios habituales:

• Sin publicación alguna: el poder adjudicador adjudica un contrato sin ningún anuncio previo
• Publicación insuficiente: el anuncio se publica a nivel nacional pero no en TED, pese a que el valor del contrato supera los umbrales europeos
• Modificaciones contractuales ilícitas: cambios sustanciales en un contrato existente sin convocar una nueva competencia
• Uso indebido de acuerdos marco: compras fuera del ámbito de un acuerdo marco existente, o adhesión ilícita al acuerdo marco de otra autoridad

Por ejemplo, un ayuntamiento contrata directamente a un proveedor para servicios de construcción sin competencia, pese a que el valor del contrato supera el umbral que exige un procedimiento formal de licitación.

Sanciones y recursos

Conforme a la Directiva 2007/66/CE (Directiva de Recursos), la sanción principal es la ineficacia, lo que significa que el contrato es declarado sin efecto por un tribunal u órgano de revisión independiente. Las sanciones alternativas incluyen la reducción de la duración del contrato y penalidades económicas.

En España, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y los tribunales autonómicos pueden declarar la nulidad de los contratos adjudicados ilegalmente. Cualquier persona física o jurídica con interés legítimo puede presentar un recurso especial en materia de contratación.

Un poder adjudicador puede protegerse publicando un anuncio de transparencia voluntario y esperando al menos diez días antes de firmar. Herramientas como Cobrief ayudan a los proveedores a vigilar los anuncios e identificar posibles infracciones con antelación.

Una adjudicación directa ilegal es la violación más grave de la normativa de contratación, con recursos diseñados para restaurar la libre competencia. La accesibilidad de los mecanismos de impugnación hace esencial que los poderes adjudicadores cumplan sus obligaciones de publicación.