Glosario/Cláusula de aprendices

Qué es una

cláusula de aprendices

También conocido como: requisito de aprendizaje

Una cláusula de aprendices es un requisito en la contratación pública que obliga a los proveedores a emplear aprendices durante la ejecución de contratos públicos. Su finalidad es garantizar plazas de formación suficientes para estudiantes de formación profesional y contribuir a la lucha contra los delitos laborales.

¿Cómo funciona la cláusula de aprendices?

En el marco de la UE, la Directiva 2014/24/UE permite a los poderes adjudicadores incluir cláusulas sociales similares a través de su artículo 70, que autoriza incorporar requisitos de formación y aprendizaje como condiciones de ejecución del contrato.

Para que la cláusula se aplique, suelen valorarse tres factores:

  • Que exista una necesidad demostrada de plazas de aprendizaje en el sector
  • Que el objeto principal del contrato implique trabajos donde sea pertinente emplear profesionales cualificados
  • Que el requisito sea proporcionado en relación con el contrato concreto

Umbrales y requisitos

Los Estados miembros de la UE aplican distintos umbrales para activar estas cláusulas. Normalmente se exige que el contrato supere un determinado valor y tenga una duración mínima. Además de requerir al menos un aprendiz, algunas legislaciones nacionales exigen que un porcentaje mínimo del trabajo relevante sea realizado por aprendices.

Los proveedores extranjeros pueden cumplir el requisito a través de un programa de aprendizaje en su país de origen, y el contratista principal también puede satisfacerlo mediante sus subcontratistas. El poder adjudicador debe supervisar el cumplimiento e incluir sanciones contractuales por incumplimiento.

Herramientas como Cobrief pueden ayudar a los proveedores a identificar licitaciones públicas que incluyan requisitos de aprendizaje, permitiendo una planificación anticipada de la plantilla.

La cláusula de aprendices ha contribuido a crear más plazas de formación en el sector privado, aunque la supervisión y el cumplimiento efectivo siguen siendo desafios. El objetivo es reforzar la inversión empresarial en formación profesional a través del poder de compra público.

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