Qué es una
multa por infracción
También conocido como: sanción pecuniaria
Una multa por infracción es una sanción económica que se impone a un poder adjudicador que ha realizado una adjudicación directa ilegal, adjudicando un contrato sin publicar el correspondiente anuncio de licitación. Conforme a la Directiva de Recursos 2007/66/CE, las multas constituyen una de las "sanciones alternativas" disponibles cuando un tribunal determina que el interes público exige mantener el contrato en vigor en lugar de declararlo ineficaz.
¿Cómo funciona una multa por infracción?
En el marco de la UE/EEE, el remedio principal para las adjudicaciones directas ilegales es la ineficacia, es decir, la anulación del contrato. Sin embargo, cuando razones imperiosas de interes general (como la seguridad pública) justifican mantener el contrato, los Estados miembros deben prever sanciones alternativas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Estas incluyen multas y la reducción de la duración del contrato.
En España, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público regula la declaración de nulidad y las consecuencias de las adjudicaciones irregulares, mientras que los tribunales administrativos de recursos contractuales pueden anular adjudicaciones y ordenar indemnizaciones.
Reglas y plazos clave
- Plazo de prescripción: el derecho a imponer sanciones prescribe según los plazos establecidos en la legislación nacional
- Recurso judicial: las decisiones pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa
- Puerto seguro: no se puede imponer sanción si el poder adjudicador público un anuncio de transparencia voluntario y espero al menos diez días antes de formalizar el contrato
Cualquier persona puede denunciar una adjudicación directa ilegal. Herramientas como Cobrief ayudan a los proveedores a supervisar los anuncios de licitación y detectar posibles infracciones que justifiquen una reclamación.
Las multas por infracción son una pieza fundamental de la aplicación de la normativa de contratación en la UE y el EEE. Al imponer consecuencias economicas reales por eludir las reglas de competencia, incentivan a los poderes adjudicadores a cumplir con sus obligaciones de publicidad y garantizan condiciones equitativas para todos los licitadores.