deber de información

El deber de información es una obligación legal en la contratación pública que exige a las partes contratantes especificar en sus contratos que los trabajadores deben recibir salarios minimos y condiciones laborales conforme a los convenios colectivos aplicables. Este deber previene el dumping social y protege los derechos de los trabajadores, incluidos los empleados por subcontratistas.

Como funciona el deber de información?

En el marco de la UE, el artículo 18(2) de la Directiva 2014/24/UE exige el cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales en los contratos públicos. Los poderes adjudicadores deben establecer en el contrato que los trabajadores tendrán salarios y condiciones equivalentes a los convenios aplicables. Esta obligación se extiende a lo largo de la cadena de suministro: los proveedores deben imponer el mismo requisito a sus subcontratistas.

A nivel nacional, muchos Estados miembros de la UE han implementado regulaciones específicas que refuerzan este deber. Las condiciones pueden variar según el sector y el valor del contrato, pero el principio subyacente es el mismo: garantizar que la ejecución de contratos públicos no socave las condiciones salariales y laborales establecidas.

Elementos clave en la práctica

El deber de información funciona junto con obligaciones relacionadas:

• Deber de supervisión: el contratista principal debe verificar el cumplimiento de los subcontratistas mediante controles sistematicos
• Deber de documentación: proveedores y subcontratistas deben aportar evidencia de cumplimiento cuando se solicite
• Idioma y seguridad: para contratos de obras, el deber también puede cubrir competencias linguisticas y seguridad laboral

El deber de información es un componente central de los requisitos de integridad laboral en la contratación pública europea. Los poderes adjudicadores deben indicar en los pliegos de contratación que estos requisitos son de aplicación. Herramientas como Cobrief pueden ayudar a los proveedores a comprender que condiciones se aplican en los distintos procedimientos.

El deber de información crea una cadena clara de responsabilidad desde el poder adjudicador hasta cada nivel de la cadena de suministro, convirtiendolo en una de las herramientas más eficaces contra el dumping social en la contratación pública.