Qué es un
convenio colectivo nacional
También conocido como: convenio colectivo sectorial
Un convenio colectivo nacional es un acuerdo entre sindicatos y organizaciones patronales que fija salarios minimos y condiciones laborales para toda una industria o sector. El cumplimiento de los convenios colectivos es una obligación esencial en la contratación pública de la UE/EEE conforme a la Directiva 2014/24/UE, y estos acuerdos sirven como referencia obligatoria para las condiciones laborales en los contratos públicos.
¿Cómo funcionan los convenios colectivos en la contratación?
En muchos Estados miembros, los poderes adjudicadores deben incluir cláusulas salariales y laborales en los contratos de servicios y contratos de obras que superen ciertos umbrales. El sistema suele tener dos niveles: si existe un convenio colectivo de aplicación general para el sector, ese estandar es obligatorio. Si no, la autoridad debe exigir condiciones conformes al convenio colectivo nacional pertinente.
Las condiciones cubiertas incluyen jornada laboral mínima, salarios (incluidos complementos por horas extraordinarias, turnos y nocturnidad), y compensación por desplazamiento, manutención y alojamiento. Un proveedor no puede seleccionar disposiciones de distintos convenios, sino que debe aplicar uno que cubra el trabajo contratado.
Aplicación universal y elección de convenio
En la UE existen sectores con convenios de aplicación universal, como construcción, limpieza, trabajo electrico y transporte de mercancias, donde los estandares minimos se aplican a todos los trabajadores, incluidos los no sindicados y los trabajadores desplazados.
Cuando varios convenios podrian cubrir el trabajo, el proveedor elige cual aplicar. El poder adjudicador no puede imponer un convenio concreto, pero debe verificar que el elegido cubra el trabajo. Herramientas como Cobrief pueden ayudar a los proveedores a hacer seguimiento de los requisitos salariales y laborales en los distintos pliegos de contratación.
La Directiva sobre salarios minimos adecuados de la UE (2022/2041) refuerza este enfoque en su artículo 9, exigiendo que los operadores economicos en contratación pública cumplan con los salarios acordados colectivamente. Los proveedores y subcontratistas deben documentar el cumplimiento a solicitud.